Consejo Universitario pidió excluir del préstamo con el Banco Mundial párrafo que afecta autonomía universitaria

 

Alejandra Amador Salazar

Periodista

aamador@cu.ucr.ac.cr


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En la sesión en la cual se tomó el acuerdo estuvieron presentes todos los miembros del 
Consejo Universitario, solo votó en contra la estudiante Yuliana Quesada. (Foto: Andrea Jiménez)

La Universidad de Costa Rica recomendó a la Asamblea Legislativa no aprobar en segundo debate el Contrato de préstamo entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para financiar el mejoramiento de la educación superior, hasta tanto se excluya del artículo 7 el último párrafo, ya que afecta la autonomía de las universidades públicas.

 

Así lo hizo saber mediante un acuerdo aprobado por el Consejo Universitario en sesión N.° 5726. Dicho artículo establece que los resultados del Plan de Mejoramiento Institucional que se desprenderían de esta normativa, deberán ser remitidos a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa anualmente para su conocimiento.

 

Sin embargo, la Universidad considera que esta medida afecta la autonomía universitaria, en el tanto, define obligaciones que las instituciones de educación superior deben cumplir, contradiciendo lo que estipula el artículo 84 de la Constitución Política.

 

Además, recordó que esta medida es innecesaria, pues todos los años las universidades estatales remiten a la Contraloría General de la República un informe detallado de la ejecución presupuestaria anual.

 

Esta es la segunda vez que la UCR se pronuncia en relación con este proyecto, sin embargo, en la consulta inicial el Poder Legislativo no incluyó el artículo 7 de dicha propuesta.

 

El préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento es parte de la negociación entre las universidades estatales y el Gobierno de la República por concepto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) correspondiente al quinquenio 2011-2015, y consta de $200 millones, los cuales serán divididos en partes iguales entre las cuatro universidades públicas del Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

 

El objetivo del empréstito es optimizar el acceso y la calidad de la educación universitaria, aumentar las inversiones en innovación y en desarrollo científico y tecnológico, así como mejorar la gestión institucional del sistema de la educación superior pública de Costa Rica.

 

La Asamblea Legislativa aprobó el contrato de préstamo el martes 4 de junio, sin tener en consideración las observaciones realizadas por el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica.

 

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